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Los lamentables acontecimientos en el penal de Atlacholoaya, son ejemplo de la grave crisis del sistema penitenciario en México

logo-AsiLegalDifusión Cencos México D.F., jueves 9 de enero de 2014

Boletín de Prensa
Asilegal

El jueves 2 de enero ocurrió una fuga en el Centro Estatal de Reinserción Social “Morelos”, mejor conocido como el Penal de Atlacholoaya. En total 4 personas, 3 de ellas sentenciadas por el delito de secuestro, salieron del penal luego de someter a un custodio. Una de ellas fue recapturada ese mismo día y posteriormente encontrada sin vida en su celda, con “marcas de golpes por todo el cuerpo”, según la propia Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos. La situación del penal de Atlacholoaya es presentada ante los medios de comunicación como el caso excepcional de una “cárcel vieja”, con problemas de hacinamiento, corrupción, adicciones y autogobierno. Desde ASILEGAL consideramos que justo esa es la realidad que prevalece en el Sistema Penitenciario Mexicano y que el de Atlacholoaya no es un caso aislado.

El Centro Estatal de Reinserción Social Morelos tiene capacidad para albergar a 1,500 personas, sin embargo su población actual es de 2,531. Esto constituye una tasa de sobrepoblación del 68.73%. En el penal hay 1,975 personas procesadas por delitos del fuero común, 475 de ellas en prisión preventiva. En cuanto a las acusadas por delitos federales hay 556, de las cuales 304 tampoco han recibido sentencia. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dado cuenta de que el hacinamiento implica corrupción y la disminución de la calidad de vida de las personas privadas de la libertad, quienes constitucionalmente conservan su derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, etc.

Más aún, Morelos es considerado como uno de los estados que ya opera bajo el nuevo Sistema Penal Acusatorio y que cuenta con instrumentos de justicia alternativa que permitirían la persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos. Pese a esto, se encontró a una persona asesinada al interior del propio penal de Atlacholoaya. Las autoridades de Morelos anunciaron la puesta a disposición del Ministerio Público de 10, pero el problema es mucho más amplio que la presunta mala actuación de 10 personas.

Estos hechos violentos llaman la atención de la ciudadanía pero nosotros resaltamos que el problema de fondo es la corrupción del Sistema de Justicia y el nulo respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Así lo han reconocido organismos internacionales como el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas quien en 2012 hizo las siguientes recomendaciones al Estado Mexicano:

a) Profundizar los esfuerzos para aliviar el hacinamiento en las cárceles y otros centros de detención, en particular incorporando penas alternativas a la privación de libertad, conforme a lo dispuesto en las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad.

b) Seguir mejorando la infraestructura de las instituciones penitenciarias y otros lugares de detención, incluidos los centros de tratamiento para menores y asegurar que las condiciones de detención en el Estado parte sean compatibles con las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes.

c) Desarrollar estrategias de reducción de la violencia entre reclusos y tomar las medidas necesarias para erradicar el autogobierno en los centros penitenciarios y la extorsión de familiares de reclusos.

Hacemos un llamado a las autoridades federales y estatales para que implementen sin simulaciones la reforma al Sistema de Justicia, en especial, lo relacionado con la reinserción social y la figura del juez de ejecución, quien es el responsable de vigilar el adecuado cumplimiento de las sentencias de las personas privadas de la libertad con pleno respeto a los derechos humanos. También reiteramos que la prisión preventiva debe ser una medida cautelar de excepción y no una regla, ya que el 42% de las personas privadas de la libertad permanecen bajo esa figura jurídica.

La correcta aplicación de las leyes es un imperativo jurídico para las autoridades y traería como consecuencia lógica que casos como el del penal de Atlacholoayan no ocurrieran más.

Atentamente:

Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C.

México D.F. a 8 de enero de 2014

Fuente: Asilegal

Para mayor información:
Fernando Hernández Banda
Coordinador del Área de Comunicación
Teléfonos: 5687 8759; 5639 6755 y 5523 2690 ext. 12.
Móvil: 044 55 37 03 39 87.
http://www.asilegal.org.mx
Twitter: @Asilegal_df
Faecbook: Asilegal

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos 

Acerca de Cencos

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