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A un año del gobierno de Enrique Peña Nieto

WolaDifusión Cencos México D.F., Jueves 28 de noviembre de 2013

Boletín de Prensa:
Wola

  • Ha habido poco progreso sobre la seguridad o los derechos humanos

Cuando asumió la presidencia de México, Enrique Peña Nieto dijo que su gobierno se centraría en la reducción de la violencia y los delitos que más afectan a la población. Él también dijo que trabajaría para que los “derechos que la Constitución reconoce a los mexicanos pasen del papel a la práctica”. A un año del gobierno de Peña Nieto, esas promesas siguen sin cumplirse.

Hasta ahora, los resultados de la estrategia del gobierno de Peña Nieto para reducir la violencia y combatir los delitos que más afectan a la sociedad han sido decepcionantes. Si bien ha habido una ligera reducción en la tasa de homicidios, la violencia sigue siendo desenfrenada en partes del país, y el secuestro y la extorsión se encuentran en niveles récord. Como la Encuesta de Victimización del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para 2013 dejó en claro, más mexicanos se sienten inseguros este año que en los años anteriores.

Expertos en seguridad han señalado un ligero aumento en los homicidios relacionados con la delincuencia organizada para octubre 2013, después de una caída en septiembre, y en algunos estados, sobre todo Michoacán, la situación de seguridad ha seguido deteriorándose. Hay acusaciones generalizadas de colusión entre los funcionarios del gobierno, la policía, y los grupos criminales. Los grupos de autodefensa están enfrentándose públicamente con las organizaciones criminales, en gran parte porque el gobierno ha sido incapaz de detener los asesinatos, los secuestros, la extorsión y otros abusos contra la población.

El gobierno de Peña Nieto ha intentado distanciarse de las fallidas estrategias implementadas por el expresidente Calderón, y dijo que pondría un mayor énfasis en la prevención de la violencia, el trabajo de la inteligencia, y la coordinación. Sin embargo, hasta ahora su gobierno ha mantenido en gran medida la estrategia de seguridad de su predecesor y ha producido resultados igualmente pobres. El ejército sigue desempeñando un papel principal en la seguridad pública, y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informa periódicamente sobre el número de presuntos delincuentes detenidos, así como la cantidad de drogas, armas, y vehículos incautados. Estos números permiten al gobierno afirmar que sus esfuerzos están produciendo resultados, pero indican poco sobre el impacto de la estrategia en la violencia y la inseguridad. Además, mientras que la Policía Federal está desempeñando un papel activo en los operativos contra el crimen organizado, la fuerza sigue plagada de muchas acusaciones de abuso y corrupción, como fue la detención en octubre 2013 de 13 agentes por participar en una banda de secuestradores en Acapulco. Las casas de migrantes y las organizaciones de derechos humanos también han reportado múltiples casos de agentes de la policía federal que han extorsionado a migrantes en tránsito por México. El anunciadoGendarmería Nacional, que supuestamente iba a ser un elemento clave en el fortalecimiento de las fuerzas federales de seguridad, ha sido reducida a unos 5.000 efectivos de civiles adscritos a la Policía Federal y no estará en operaciones hasta julio de 2014.

En su primer año de gobierno, Peña Nieto tampoco ha mostrado un claro compromiso con el respeto a los derechos de la población. Aunque firmó poco después de asumir el cargo legislación histórica para víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no se finalizó hasta octubre, y no está claro si tendrá recursos suficientes en 2014 para llevar a cabo sus tareas.

De la misma manera, nueve meses después de la presentación de una base de datos de personas desaparecidas y extraviadas, que estaba plagado de errores y omisiones, el gobierno mexicano aún no ha presentado una base de datos depurado o dejado en claro cómo se está desarrollando una base de datos completa que incluye todos los casos registrados de desapariciones. Aunque la Procuraduría General de la República (PGR) creó una unidad de búsqueda para personas desaparecidas en mayo del presente año, ha sido lento en producir resultados tangibles, y el gobierno federal no ha desarrollado una metodología clara para investigar los casos. El desarrollo de las investigaciones sobre casos de desapariciones forzadas donde están implicados miembros de las fuerzas armadas ha enfrentado otros obstáculos ya que son investigados en la jurisdicción militar.

Al respecto, en septiembre, el Senado comenzó a realizar importantes discusiones sobre la reforma al Código de Justicia Militar. Esta reforma debe garantizar que violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas contra civiles sean investigados y juzgados en cortes civiles en lugar de los tribunales militares. Sin embargo, no se ha fijado una fecha para su votación, y aún no se sabe si el texto final de la legislación cumpliría con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de las decisiones importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia.

Periodistas y defensores de derechos humanos también están en riesgo. En los últimos meses el Mecanismo de Protección para Personas Defensores de Derechos Humanos y   Periodistas ha avanzado en su consolidación y en asegurar su financiamiento. No obstante, la falta de compromiso político con el Mecanismo sigue siendo un obstáculo y los ataques y las amenazas continúan. Por ejemplo, durante 2013, se ha registrado unos 100 actos de agresión contra periodistas y medios de comunicación. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) considera que México es el país más peligroso para los periodistas en el hemisferio y uno de los más peligrosos en el mundo.

Igual de importante, las recientes victorias para víctimas de violaciones de derechos humanos se han logrado a través de la incansable labor de organizaciones de derechos humanos en México, y no a través de un sistema de justicia que funciona. Tal es el caso de la reciente orden de la Suprema Corte de México para liberar aIsrael Arzate, quien fue torturado por soldados y falsamente implicado en una masacre en 2010, que tuvo lugar en el fraccionamiento de Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez. Arzate fue liberado solamente después de que organizaciones de derechos humanos mexicanas asumieron su defensa legal y trabajaron para atraer atención nacional e internacional a su caso. Del mismo modo, después de pasar 13 años en prisión, el profesor indígena Alberto Patishtán fue otorgado un indulto por Peña Nieto en octubre de 2013, porque el gobierno encontró que sus derechos humanos habían sido gravemente violados, en particular el derecho al debido proceso. Desafortunadamente, Patishtán no hubiera sido liberado si no fuera por los años de campaña por su liberación por parte de su familia y de organizaciones nacionales e internacionales quienes trabajaron para visibilizar las injusticias que había sufrido.

Por su parte, las violaciones de los derechos humanos siguen ocurriendo en una manera generalizada. Entre enero y octubre de 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 1.062 quejas contra las fuerzas armadas (del Ejército y la Marina) y 559 en contra de la Policía Federal, incluyendo casos de privación de la vida, desaparición forzada, tortura y trato cruel o inhumano.

Durante su presentación para el Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno mexicano reconoció sus rezagos en materia de derechos humanos. En la práctica, sin embargo, parece que las declaraciones del gobierno y las buenas intenciones aún no han resultado en acciones concretas, como la investigación y la sanción de policías y soldados que son responsables de violaciones a los derechos humanos. Hasta que haya más avances para combatir la impunidad que prevalece en México, el discurso del gobierno sobre los derechos humanos en el país seguirá siendo poco más que buenas palabras.

Por Maureen Meyer y Clay Boggs

Fuente: Wola

27 de Noviembre de 2013

Información difundida por el Área de Comunicación y visibilidad de Cencos

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