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Asilegal insta al Estado a proteger y garantizar los derechos de las mujeres en reclusión

logo-AsiLegalDifusión Cencos México DF, 26 de noviembre 2013

Boletín de prensa
ASILEGAL

  • Preocupante la violencia institucional a la que son sometidas las mujeres privadas de libertad en los centros de Reinserción Social Mexicanos
  • En el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, ASILEGAL insta al Estado mexicano a crear condiciones de vida dignas para las mujeres privadas de libertad.
  • 12,331 mujeres viven privadas de libertad en centros de reinserción social diseñados y operados sin perspectiva de género en México.

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), lamenta que a la fecha y pese a las múltiples recomendaciones de organismos internacionales, las mujeres privadas de libertad continúen sufriendo graves violaciones a sus derechos humanos como detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos, criminalización por ejercer sus derechos reproductivos, entre otros. Instamos al Estado mexicano a que reconsidere y revise de manera urgente los mecanismos de respeto, protección y garantía de los derechos de las mujeres en reclusión.

Diversos instrumentos internacionales reconocen la necesidad de una especial protección de los derechos de la mujer en reclusión y las consecuentes obligaciones del Estado de garantizar a toda mujer una vida libre de discriminación y violencia tanto en el ámbito público como en el privado.

No obstante, dado que las mujeres representan solo el 5% de la población en reclusión en México, la política penitenciaria es omisa en la creación de programas de reinserción social con perspectiva de género, así como en la atención de las necesidades particulares de las mujeres en la operación de los Centros de internamiento.

El Estado mexicano tiene la obligación especial de garantizar los derechos de las mujeres privadas de libertad, puesto que al encontrarse bajo a la custodia del Estado, se encuentran imposibilitadas a proveerse por sí mismas ciertas condiciones de vida. Es así que es obligación del Estado garantizar condiciones de vida dignas a las mujeres y prevenir y sancionar la violencia de género dentro de los Centros.

En ese sentido, el primer párrafo del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) instituye el derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Comité ONU) al analizar ese párrafo determinó que se impone a los Estados partes una obligación positiva a favor de las personas privadas de libertad de no someterla a tortura o a un trato inhumano cruel o degradante, o a penurias o restricciones que no sean los que resulten de la privación de libertad[1]. Además el artículo 10 del PIDCP establece que la finalidad del sistema penitenciario debe ser la readaptación social de los sentenciados. En fin se hace referencia a la necesidad de separación y tratamiento distinto entre procesados y condenados.

Asímismo, como reconocido también por el Comité ONU[2], existe un marco normativo internacional que delinea las pautas fundamentales relativas al tratamiento de los detenidos, donde se reconoce explícitamente la condición especial de las mujeres privadas de libertad[3], estableciendo reglas especificas aplicables en los sistemas penitenciarios, como la separación entre hombres y mujeres[4], el no acceso de personal masculino al área femenil en caso de no ser acompañado por una mujer, la vigilancia del área femenina exclusivamente por parte de personal femenil[5], la obligación del Estado a proporcionar un servicio de salud especifico para el tratamiento de las mujeres embarazadas, de las que acaban de dar a la luz y de las convalecientes[6].

En el reciente Informe Nacional presentado por el Estado Mexicano al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas respecto al Examen Periódico Universal, solo menciona doce puntos respecto a los derechos de las mujeres, y ninguno de ellos respecto a los derechos de las mujeres privadas de la libertad. Es el caso de las recomendaciones propuestas por los Estados Parte a México igualmente en el último Examen Periódico Universal – aún en espera de la aprobación por el Estado Mexicano – entre las cuales existe una recomendación específica respecto los derechos de las mujeres privadas de su libertad, la cual indica “Adoptar soluciones inclusivas en los niveles estatales y locales que involucren a los agentes del orden público locales, el poder judicial, las organizaciones comunitarias y las escuelas; poner fin a la tolerancia y la impunidad de la violencia de género contra mujeres y niñas, y que las soluciones tomen en cuenta la situación de las mujeres en las cárceles (Nueva Zelanda).”

Es urgente que el Estado Mexicano priorice este tema en su agenda, y cree los ordenamientos necesarios a efecto de que se garantice el respeto y protección de los derechos de las mujeres privadas de su libertad.

[1] Observación General No. 21, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, Artículo 10 – Trato humano de las personas privadas de libertad, 44º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 176 (1992), par. 3.
[2] El Comité ONU en sus observaciones generales sobre el articulo 10 “invita a los Estados partes a indicar en sus informes si aplican las normas pertinentes de las Naciones Unidas relativas al tratamiento de los detenidos, es decir, las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (1957), el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (1988), el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (1978) y los Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1982)”. Observación General No. 21, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, Artículo 10 – Trato humano de las personas privadas de libertad, 44º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 176 (1992), par. 5.
[3] Principio 5 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión
[4] Regla 8 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos
[5] Regla 53 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos
[6] Regla 23 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos

Información difundida por el Área de Comunicación de Cencos

Acerca de Cencos

http://cencos.org http://guiaqesq.cencos.org www.libertad-expresion.org.mx

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