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La propuesta energética de Enrique Peña Nieto atenta contra el derecho al desarrollo de mexicanas y mexicanos

Logo-CerealDifusión Cencos México D.F., jueves 7 de noviembre de 2013

Boletín de Prensa
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La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo1, adoptada en Naciones Unidas en 1986, es la síntesis de todos los derechos humanos, tanto de los derechos civiles y políticos como de los derechos económicos, sociales y culturales y tiene un carácter obligatorio para los Estados firmantes como México.

Artículo 1

1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.

2. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales.

Tal Declaración sobre el Derecho al Desarrollo constituye un instrumento internacional de primera magnitud, ya que confirma el derecho al desarrollo como derecho humano en toda su dimensión y precisa con fuerza dos principios que deben regirlo para su realización efectiva y que deben respetarse escrupulosamente: el derecho de los pueblos a decidir sus propias políticas de desarrollo y la participación popular en todas las etapas de la toma de decisiones que afectan todos los aspectos de las políticas de desarrollo, pues considera a los seres humanos como actores principales y sujetos de este derecho.

Artículo 2

3. Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste.

Artículo 8

2. Los Estados deben alentar la participación popular en todas las esferas como factor importante para el desarrollo y para la plena realización de todos los derechos humanos.

Es así que la iniciativa de decreto de Enrique Peña Nieto enviada al Senado de la República, el 12 de agosto de 2013, que pretende reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eliminando la condición de áreas estratégicas a los hidrocarburos y a la electricidad, y con ello, abriendo la posibilidad de que el estado mexicano pierda la exclusividad en el manejo y cuidado de tales áreas vitales y sea totalmente desplazado no sólo de la exploración y la explotación de los yacimientos sino del manejo de las reservas y hasta de la transformación industrial2 así como en los servicios complementarios de almacenamiento y transporte, en los sectores petrolero y eléctrico e incluso, pueda enajenar activos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)3, en la medida en que por su trascendencia, no ha sido consultada la ciudadanía (peor aún si se oculta a la opinión pública información vital para formarse un juicio informado como lo es el impacto de la reforma del art. 28 y su significado), coloca al estado mexicano ante el hecho de omitir negligentemente y dejar de aplicar, cuando se le mandata, estos dos principios escrupulosos, lo que pone en riesgo y atenta contra este derecho de los mexicanos y mexicanas, considerado en la Declaración como universal, inalienable, interdependiente y parte integrante de los derechos humanos fundamentales, y su pertinencia jurídica, política y moral.

No sólo eso, la iniciativa Peña de reforma energética, da la espalda a la evidencia internacional, pues va en sentido contrario a la tendencia moderna e internacional de reestatizar y renacionalizar las mayores compañías petroleras para crear mejores condiciones de bienestar nacional (Arabia Saudita, Irán, Venezuela, China, Rusia, Brasil y Malasia)4, según lo ha documentado el rotativo especializado The Financial Times, ya que el tratado internacional en cuestión, mandata al estado mexicano, como actor principal de la Declaración citada, una tarea ineludible y no su contrario: “el deber principal de crear condiciones nacionales e internacionales favorables para la realización del derecho al desarrollo” (art. 3.1).

Dado que la iniciativa de reforma constitucional del Ejecutivo federal converge en modificaciones constitucionales que desplazan a Pemex de toda la cadena productiva del petróleo porque la abre a la participación de terceros en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, sustituyéndolo por particulares, el Estado buscaría beneficiar con la renta petrolera, intereses ajenos, y a veces contrapuestos en la experiencia internacional, al sentido de igualdad y la justicia en el reparto de las riquezas, y al del concepto de “desarrollo” precisado en la Declaración (“un proceso global, económico, social, cultural y político, que tiende a mejorar el bienestar de toda la población y de todos los individuos”), pues somete un área hoy estratégica y comercialmente exitosa5, obviamente, a una división de la renta petrolera y no a su multiplicación (lo que mermará ganancias, finanzas y, finalmente, financiamiento de derechos sociales), y a un actor determinado por las fuerzas del mercado en detrimento de la democracia y del desarrollo.

Dado que el derecho a la autodeterminación y a la soberanía de los pueblos sobre sus recursos y su futuro, como derechos colectivos, se encuentran en el corazón del derecho al desarrollo (Art. 1.2), y que uno de los elementos determinantes de su existencia es el derecho a la soberanía sobre las riquezas6, desde nuestro punto de vista, el Estado mexicano, responsable principal de la realización del derecho al desarrollo, que no ha articulado en los últimos cinco sexenios una estrategia energética de largo plazo ligada a una política pública de desarrollo7, no puede dejar sus atribuciones en manos de intereses particulares en detrimento del desarrollo y bienestar de las mayorías, ya que en la experiencia internacional, las políticas económicas que favorecen la incorporación constitucional de las sociedades trasnacionales del petróleo, constituyen a la larga, obstáculos importantes a la realización del derecho al desarrollo y bienestar de los pueblos soberanos (recordemos que las compañías expropiadas en 1938 desacataron las leyes laborales y ahora regresarían, con otros nombres, como principales beneficiarias).

Además, actualmente, las reflexiones sobre el derecho al desarrollo: a) Ponen en entredicho el funcionamiento actual de las economías basadas sobre todo en torno al petróleo, recurso no renovable, nefasto para el medio ambiente y la salud; b) Llaman la atención sobre los conflictos armados que ha generado y en todas sus consecuencias (entre ellas, la disputa no sólo militar sino comercial por las fronteras geopolíticas y los conflictos de seguridad nacional, temas ni siquiera mencionados en la iniciativa Peña)8; c) Y advierten que la promoción de sus bondades es vehiculada por el mito según el cual, de las inversiones petroleras, sobre todo extranjeras, se seguirá crecimiento económico y proliferación de empleo9, cuando históricamente, los pueblos con estos recursos no renovables, han atestiguado que del crecimiento económico no se ha seguido ni la prosperidad para las mayorías, ni un mayor respeto a los derechos humanos.

Ante esta evidencia internacional, es muy ingenuo plantear o hacer creer como lo pretende la iniciativa del Ejecutivo o al menos el aluvión de propaganda que la rodea, que sólo mediante contratos eficientes que alineen los incentivos de los contratistas con los del Estado10, se salvará nuestro país de la voracidad del que sólo busca reproducir el capital invertido y se borrará de la experiencia de los últimos años del pueblo de México el descrédito de las privatizaciones11 que sólo multiplicaron e hicieron crecer millonarios.

Por último, dado que tanto se ha señalado la experiencia de Petrobras en Brasil, a favor de la iniciativa de reforma energética del PRI, no está por demás citar lo que Ildo Luis Sauer, ex director de Petrobras (2003-2007), ahora director del Programa de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Sao Paulo, dejó asentado el pasado viernes 20 de septiembre, en su conferencia magistral en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el contexto del primer seminario sobre Energía y Minerales en México, titulado Pemex y CFE ante la reforma energética en el México del 2013 ¿Privatización o modernización? Pues aseguró que con la apertura del sector energético, Brasil tiene más lecciones negativas que aprender que positivas. Por ejemplo, mencionó que la venta del capital de Petrobras fue un desastre. En agosto de 2000 se vendió el 30 por ciento de la empresa petrolera brasileña en la bolsa de Nueva York, en una operación de entre 4.5 y 5 mil millones de dólares y, ocho años después, en 2008, ya valía 80 mil millones de dólares; y que, tras la apertura del sector eléctrico no se cumplieron las promesas de bajar las tarifas eléctricas, además de que se deterioró la calidad del servicio, se elevaron considerablemente las tarifas y se extendieron los apagones12. Concluyó que en Brasil, contrariamente a lo que pretenden hacernos creer, la apertura no fue benéfica13 y que ahora se empieza nuevamente a restatizar la industria petrolera. Lo que se profundizó, fue el proceso de penetración de los intereses del capital financiero internacional en el sistema energético. “Están muy fuertes ahí dentro. Después de que penetraron es difícil echarlos. En México están empezando”14, advirtió.

Por ende, hacemos un llamado a los legisladores del Congreso de la Unión de la XLII Legislatura a poner en práctica este compromiso internacional de México con la Declaración del Derecho al Desarrollo de 1986 y consultar a los habitantes del país la mencionada iniciativa y todas sus consecuencias, pues es un derecho inalienable de los pueblos mantener sus riquezas, si no es que a desecharla por improcedente.

1 Adoptada en 1986 por 146 votos a favor de un total de 155 expresados (ocho abstenciones y un solo voto en contra, el de Estados Unidos). http://www2.ohchr.org/spanish/law/desarrollo.htm

2 Iniciativa de decreto del Ejecutivo Federal, 12 de agosto del 2013. II. 3. Propuesta de reformas… B) …“Se propone reformar el artículo 28 de la Constitución para suprimir a la petroquímica básica como área estratégica…”. http://presidencia.gob.mx/reformaenergetica/#!landing

3 Iniciativa de decreto del Ejecutivo Federal, 12 de agosto del 2013. II. 3. Propuesta de reformas… B) Sustraer de las áreas estratégicas del Estado a la petroquímica básica y dar certeza a nivel constitucional para que las actividades de la industria petrolera, tales como el procesamiento de gas natural y la refinación del petróleo, así como el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de dichos productos y sus derivados, puedan ser realizadas tanto por organismos del Estado, como por los sectores social y privado, a través de permisos que otorgue el Ejecutivo Federal. http://presidencia.gob.mx/reformaenergetica/#!landing

4 Sólo un ejemplo: el gobierno brasileño, con los nuevos descubrimientos de los yacimientos en el Pre-sal, en el océano Atlántico, realizó una capitalización, con lo que pasó de una propiedad estatal de 38 al 49 por ciento. Así lo asentó, Ildo Luis Sauer exdirector de Petrobras (2003-2007).

5 Según la revista Fortune, en 2012, PEMEX ocupó el lugar 34 entre las principales 500 empresas mundiales, con ingresos del orden de los 125 mil millones de dólares en ese año (y ubicó a CFE con un ingreso de 23 mil mdd (en ese mismo año, la secretaría de Hacienda cobró en impuestos a PEMEX 67.4% de ese ingreso). Fue considerada por la misma revista entre las más rentables de 2011 según la relación ventas/EBITDA.

6 México ocupa hoy el tercer lugar en cuanto a reservas de gas esquisito (gas shale).

7 Lo mismo ocurre al inicio de este sexenio: sólo se anuncia la eliminación de restricciones constitucionales a la participación privada en petróleo y electricidad, la intención de suscribir contratos de utilidad compartida con Pemex y con particulares, así como un nuevo régimen fiscal para Pemex. Nada más lejano a una reforma estructural integral.

8 Ecuador denuncia “la mano sucia de Chevron”, encabezado por su presidente Correa, pues la empresa norteamericana evade su responsabilidad en la contaminación petrolera de la selva amazónica. https://mail.google.com/mail/?shva=1#inbox/1414532490d207bc

9 Iniciativa de decreto del Ejecutivo Federal, 12 de agosto del 2013. “II. 4. Beneficios esperados… incidirá favorablemente en el crecimiento del Producto Interno Bruto y en la generación de empleos…Ejes estratégicos: …3 Desarrollo Incluyente: El acceso a la energía permitirá democratizar la productividad y la calidad de vida de la población…”. Id. Cfr, supra.

10 Por cierto, los expertos señalan que la experiencia histórica con los contratos de utilidad compartida (variante de los contratos de producción compartida), de por sí convenientes al contratista, es negativa: resultan conflictivos por juicios multimillonarios de arbitraje internacional con duración de hasta 8 años y que encarecen la inversión, renegociaciones y restructuraciones, rezagos significativos de ejecución y sobrecostos sustanciales (por mala administración, gastos recuperables excesivos y difíciles de justificar, errores técnicos, sesgos a subestimar la complejidad del proyecto o simple manipulación); en la medida en que los costos aumentan, la utilidad a compartir disminuye y, por lo tanto, también los ingresos del Estado, dada la precedencia de liquidar los costos, las utilidades y su distribución se posponen; el único ingreso cierto son las regalías que se cobran sobre el ingreso bruto, no sobre la utilidad; hay que añadir que suelen representar gran dificultad para el Estado a la hora de determinar y auditar el verdadero costo de producción y operación.

11 Sólo un dato: el Estado obtuvo 32 mil mdd por algunas de las privatizaciones, pero los fracasos de los empresarios privados beneficiados le ha costado al país una cantidad cercana a los 110 mil mdd a la hora de “rescatarlos”.

12 “10 Beneficios que traerá la reforma. 2: Con la Reforma Energética bajará el precio de la luz y también del gas: Van a bajar los recibos de la luz y del gas para las familias, los comercios y la industria; Al tener gas natural más barato, habrá más fertilizantes de mejor precio y alimentos más baratos”. http://presidencia.gob.mx/reformaenergetica/#!diez-beneficios

13 Iniciativa de decreto del Ejecutivo Federal… “II.1. Retos en materia de hidrocarburos a) Exploración y extracción …debería dársele a Petróleos Mexicanos la oportunidad de actuar en igualdad de condiciones que otros operadores petroleros en el mundo. También es conveniente darle al país la oportunidad de contratar a otros operadores petroleros para campos convencionales y no convencionales, con el objeto de que la extracción de nuestros recursos pueda darse en las mejores condiciones para el país”. Id. Cfr, supra.

14 Las trasnacionales del petróleo que ya trabajan en Chicontepec, Ver., como Halliburton o Schulemberger, no han entregado lo que dijeron según información oficial: iban a subir la producción de crudo en lo que va del año de 79 a 95 mil barriles diarios, pero en realidad la bajaron de 75 a 63 mil barriles (en vez de un incremento de 17 por ciento, se registró un decremento de 16 por ciento de caída en los mismos ocho meses.

México D.F. OCTUBRE DE 2013.

CEREAL

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