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Contra-informe ciudadano del Observatorio Social de México sobre el estado que guarda la nación

Logo Observatorio Social de MexicoDifusión Cencos México D.F., 12 de septiembre de 2013

Boletín de Prensa
Observatorio Social de México

El estado que guarda la nación

México atraviesa por una crisis general: economía pasmada, sociedad empobrecida, recursos naturales saqueados, omnipresente inseguridad que obliga a las comunidades a procurar su autodefensa, multitudes airadas protestando en las calles ante los oídos sordos de las autoridades. Y en contrapartida la resistencia: en todas partes ciudadanos que se organizan y movilizan en defensa de su patrimonio, su tierra, su empleo, sus derechos, su dignidad…

El país vive momentos sombríos y enfrenta una de las más intrincadas y riesgosas encrucijadas de su historia, resultado de un modelo económico depredador y un sistema político corrupto.

Desde que llegaron a Los Pinos los tecnócratas neoliberales, el modelo económico mexicano siembra pobres y cosecha pobres. Pobres a los que engañan los medios de comunicación; pobres cuyos votos compran los partidos.

Hay estancamiento económico, hay miseria, hay descontento social… Pero, además, en tres décadas México se ha vuelto sinónimo de subordinación, de sometimiento, de pérdida de soberanía económica, social, política y cultural; de dependencia total respecto de los Estados Unidos.

Y en lo poco que lleva Enrique Peña Nieto como presidente, ha sabido profundizar esta dependencia. El suyo es un gobierno privatizador, mercantilista, pro-empresarial, antipopular y entreguista, empeñado en desmantelar el Estado y vender lo que nos queda de país.

Un ejemplo: con la reforma energética Peña Nieto dice que no venderá Petróleos Mexicanos. Pero su propuesta de cambiar los artículos 27 y 28 de la Constitución deja la exploración, extracción, procesamiento y distribución a petroleras extranjeras. De esta manera, la empresa quedará sin función ni contenido, lo mismo que la Comisión Federal de Electricidad. Y así con la educación y con todo lo demás. Lo que significa quitarle al Estado la capacidad rectora que mandata la Constitución.

Compartir con las corporaciones la renta petrolera, como propone el proyecto de Peña Nieto, es perder control sobre un recurso del que depende nuestra soberanía energética.

Pero es también un doble golpe a la economía de los mexicanos de a pie: por una parte porque compensaremos con más impuestos los ingresos de PEMEX que hoy se usan en gasto público y serán cedidos a las corporaciones; por otra parte porque al pagar la gasolina, la electricidad, el transporte, los productos agrícolas y todo aquello en cuya producción o traslado interviene el petróleo, engordaremos los bolsillos de las trasnacionales.

Porque la renta no sale del subsuelo como los hidrocarburos, la renta es dinero y sale de nuestro bolsillo. Y ahora saldría por partida doble: por la que dejaríamos de recibir y deberíamos compensar con impuestos, y por la que les entregaríamos a las trasnacionales al comprar cualquier cosa que contenga el petróleo y los derivados en cuya producción participarían.

En estos tiempos difíciles los mexicanos no hemos perdido la esperanza pero estamos perdiendo la paciencia.

Hay en todo el territorio nacional hombres y mujeres protestando en calles, en plazas, en carreteras. No es algo nuevo, pero ahora son cientos de miles, su reclamo es airado, sus motivos profundos y sus causas trascendentes. Luchan por cosas tangibles: su tierra, su patrimonio, su empleo… pero en el fondo luchan por regenerar a la nación; luchan por un México por fin libre, democrático, justo…

Los maestros de la CNTE defienden sus derechos laborales, pero también la educación pública; los electricistas con su resistencia demandan el regreso de su fuente de empleo y defienden la industria eléctrica nacional; la rebelión de las comunidades contra minas, presas, carreteras y otros megaproyectos depredadores es para proteger su patrimonio pero también el agua, los bosques y el territorio nacional; la autodefensa es el extremo a que llegan los pueblos para defender su vida y el derecho de los mexicanos a vivir en paz; el movimiento en defensa del petróleo es porque PEMEX y la renta petrolera sigan siendo de los mexicanos, pero también por el futuro del país.

En el abandono general de soberanías, el propio Congreso está perdiendo su función como poder soberano. Y es que con el Pacto por México entre el gobierno, los partidos y los poderes fácticos, los legisladores salen sobrando.

El pasado dos de septiembre, en medio del malhumor social y las protestas magisteriales, Peña Nieto presentó una visión mentirosa del país, a la que aderezó con promesas. El de Los Pinos fue un show más propio de un animador de espectáculos televisivos que de un hombre de Estado.

El presidente evadió hablar de la economía en picada, del saqueo del patrimonio nacional, de las leyes violadas, de las instituciones envilecidas, de la falta de democracia y del diálogo roto entre las instituciones políticas y los ciudadanos. Más que ingobernabilidad, desgobierno: torpeza administrativa, irresponsabilidad política, corrupción.

Otro es el verdadero estado de la nación. En el marco de la gran crisis que ha puesto en entredicho el modelo neoliberal, las elites mexicanas apuestan a seguir aplicando políticas que ya fracasaron. En esa senda suicida se aprobó la reforma laboral, que representa el fin de los derechos y seguridad social de los trabajadores; se aprobó la reforma educativa que deja a los maestros en la indefensión y es el inicio de la plena privatización del sector; se aprobó la reforma de telecomunicaciones que lejos de romper el monopolio y avanzar en la democratización y ciudadanización de las comunicaciones, creará nuevos oligopolios trasnacionales; se busca aprobar la reforma energética para entregar petróleo y electricidad a empresas extranjeras. Al parecer, la reforma fiscal plenamente regresiva se pospone para tiempos económicamente menos recesivos y políticamente menos turbulentos; aun así, la propuesta recién presentada lesiona la economía de los mexicanos, particularmente de las clases medias y de la población fronteriza.

En los últimos 30 años, en los que gobernaron tanto el PRI como el PAN, el Estado incumplió la obligación constitucional de conducir la economía en beneficio del pueblo de México. En este lapso la pobreza ha crecido en más de 40%; el salario de los trabajadores ha perdido casi 80% de su capacidad de compra y la población que puede considerarse de clase media ha disminuido. La industria que trabaja para el mercado interno y genera empleos está en ruinas y la agricultura campesina que proporciona ingresos, produce alimentos y procura estabilidad rural está desfondada.

De los diez meses que lleva gobernado de nueva cuenta el PRI, habría que decir que de todas las promesas económicas hechas por Peña Nieto durante la campaña, ninguna se ha cumplido: la producción cayó, aumentó el costo de la vida, crecieron la pobreza, el desempleo y la informalidad. Las gasolinas han subido casi un peso en lo que va del año, impactando el resto de los bienes de consumo. Los incrementos en alimentos, transportes, gasolinas, electricidad y demás, ha sido de entre el 15 y 34%, mientras que el salario mínimo apenas aumentó 3.4%.

De acuerdo con los reportes del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, 26 millones de mexicanos trabajan en la informalidad y ocho millones más buscan empleo; mientras que 33 millones de compatriotas no pueden adquirir la canasta de bienes básicos y 23 millones ni siquiera pueden comprar los alimentos que necesitan.

A esto hay que agregar que en los últimos diez meses debido, no al contexto internacional, sino principalmente a la política restrictiva aplicada por el gobierno, la economía ha tenido un pésimo desempeño y difícilmente crecerá más de 1.5% en este año. Moroso comportamiento que se repite en el regreso del PRI a la presidencia, pero que ha sido constante en los últimos 30 años. Al mismo tiempo, se presenta una caída de la productividad del trabajo y paralelamente su precarización. Un indicador de que la incertidumbre aqueja también a los empresarios es que los depósitos de mexicanos en el exterior ya alcanzaron los 101 mil millones de dólares.

Con Peña Nieto sigue avanzando el desmantelamiento de las instituciones estatales provenientes del viejo nacionalismo revolucionario. Además de PEMEX y CFE, otra institución que está en la picota es el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuya cobertura es impactada negativamente por la reducción del empleo formal y de los salarios. Actualmente, el Instituto enfrenta un profundo desequilibrio financiero en el Seguro de Enfermedades y Maternidad, y la diferencia entre lo que cuesta la atención médica y lo que recauda se financia con recursos procedentes de los otros ramos, en una transferencia que a la larga resulta insostenible.

Ante esto, la administración sigue eludiendo la responsabilidad del Estado y haciendo descansar la presunta solución, en medidas administrativas que no tendrán el impacto financiero suficiente. En realidad, se limita a ganar tiempo mientras llega el momento de presentar su proyecto de “universalización del sistema de salud” sostenido en la participación de la iniciativa privada.

En un país de jóvenes que necesita crear un millón de puestos de trabajo al año, es un verdadero suicidio dilapidar de nuestro transitorio “bono demográfico” por falta de empleos dignos.

La pobreza y la ausencia de oportunidades se ceba en los jóvenes. De los mexicanos menores de 18 años, 54% son vive en situación de pobreza; seis de cada diez jóvenes está por debajo de la línea de bienestar y sus carencias sociales aumentan cada año. Son las mujeres, niños y jóvenes indígenas quienes sufren en mayor medida de la precariedad.

La mala alimentación, el acceso limitado a servicios de salud, la ausencia de actividades recreativas han hecho de México “un país de jóvenes enfermos”. Por ejemplo, de la población de entre 20 y 29 años 23% padece hipertensión y muchos más tendrán problemas relacionados con la diabetes. Otros padecimientos, como cáncer e insuficiencia renal, afectan cada día más a los jóvenes, como consecuencia del estrés, la falta de ejercicio, la mala alimentación y hábitos como el tabaquismo y el alcoholismo. También es notable la poca prevención y escaso tratamiento de enfermedades crónicas. En 2012, la mitad de los casi 10 mil nuevos casos de VIH/SIDA se registraron en niños y jóvenes de entre 10 y 29 años.

La falta de oportunidades de estudio es grave, 12.4 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años no van a la escuela y alrededor de 2.4 millones de adolescentes, de entre 12 y 17 años, trabajan en lugar de estudiar y una cuarta parte de ellos no percibe ingresos.

El campo es zona de desastre desde los ochenta del pasado siglo, y todo hace pensar que Peña Nieto seguirá el mismo modelo fracasado. Así, en un entorno económico y alimentario internacional muy adverso, el sector agropecuario mexicano ha seguido desplomándose. En el primer semestre de 2013, cayó al PIB agropecuario al 0.4%, frente al también insatisfactorio 1.8% que había aumentado durante el periodo panista 2001-2012. Lo anterior es consecuencia de la nula inversión pública productiva, la falta de política de fomento orientada a lograr la autosuficiencia alimentaria, la escasez y encarecimiento del crédito, la administración inercial… y como cereza del pastel el subejercicio presupuestal, que en la Sagarpa fue de poco más de 3 mil millones de pesos en el primer semestre.

Así pues, se ha seguido cediendo la soberanía alimentaria. Hoy importamos la mitad de lo que comemos, mientras que expulsamos a las ciudades y a la frontera norte, a campesinos que antes eran productores de alimentos. Y mientras el campo se desfonda y en las ciudades crece la pobreza, Peña Nieto anuncia una Cruzada Nacional Contra el Hambre cuyo verdadero propósito es electoral y clientelar.

A la par que se estanca la economía, crece la dependencia alimentaria, aumenta la carestía de la vida y se profundiza la malnutrición, se disparan las ganancias de las grandes corporaciones agroalimentarias. Así, de enero junio de este año, las utilidades de Bachoco aumentaron 333%, a consecuencia de que por la gripe aviar y la especulación se incrementaron hasta 66% los precios del pollo y del huevo.

Por si no bastaran los catastróficos resultados económicos, sociales y ambientales de 30 años de políticas neoliberales y 20 años de TLCAN, ahora el gobierno de Peña Nieto se ha comprometido con Estados Unidos a negociar y a firmar el Tratado Transpacífico (Trans-Pacific Partnership, por sus siglás en inglés TPP). Se trata de una estrategia estadounidense contra las iniciativas de integración comercial y económica de los países sudamericanos, como MERCOSUR y Unasur, y contra la penetración regional de China. En esencia, el TPP representa la profundización del fracasado modelo de “libre” comercio, y promete un mayor desmantelamiento de la planta productiva nacional, pues entre otras cosas incluye la apertura completa del sector energético.

Los riesgos que este Tratado representa para el país y el campo, son aún más graves que los daños que ocasionó el TLCAN. Así, por ejemplo, desde México -que es un país caficultor- Nestlé podrá importar libremente café robusta de Vietnam; y de la misma manera ingresarían en nuestros mercado arroz de Tailandia, lácteos de Nueva Zelanda, trigo y cárnicos de Australia, frijol de Perú…

Peña Nieto ha renunciado de antemano a la soberanía y seguridad alimentarias, descobijando a los campesinos y a la agricultura nacional, cediendo a las trasnacionales la introducción de insumos agrícolas el acopio de cosechas y el creciente uso de semillas transgénicas que amenazan el genoma maicero. Con el TPP el campo y nuestra soberanía alimentaria tendrían la puntilla definitiva.

En los últimos años arraigó en México una minería rapaz y contaminante que tiene concesionado para prospección de una cuarta parte de la superficie del país y donde predominan las inversiones extranjeras. En los primeros meses de la nueva administración federal es clara la continuidad entre el nuevo gobierno PRI y las administraciones del PAN, en materia de megaproyectos hidráulicos, eólicos, turísticos, comerciales e inmobiliarios en abierta violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pobladores rurales.

El gobierno ha otorgado más de 27 mil concesiones mineras que involucran más de 25% del territorio nacional y el presidente de la Cámara Minera de México ha declarado que 60% del territorio nacional tiene potencial minero. La explosiva expansión de la minería en los años recientes recuerda lo que sucedió en la Colonia. En 10 años se han extraído dos veces y medio la cantidad de plata, y casi el doble del oro que los españoles sacaron durante 300 años, eso sin pagar un solo peso de impuestos por los minerales extraídos.

La mayor parte de las concesiones mineras se han dado a empresas trasnacionales, de modo que 285 empresas con capital extranjero manejan 853 proyectos extractivos. Corporaciones que explotan nuestro trabajo, pues los mineros mexicanos ganan 16 veces menos que los estadounidenses y canadienses, y que destruyen nuestro medioambiente pues 80 % son tajos a cielo abierto que dejan la tierra envenenada y cubierta de cráteres.

En este contexto se ha profundizado la criminalización de los que se movilizan en defensa de la tierra, el agua, los bosques y el patrimonio comunitario, habiendo aumentado de manera alarmante la persecución y asesinato de los activistas ambientales.

Una de los aspectos más dolorosos de la debacle nacional es la crisis de inseguridad y violencia, asociada con un vertiginoso negocio del narcotráfico que resulta inextirpable, entre otras cosas, porque está entreverado con infinidad de actividades económicas “lícitas”, con el sistema financiero y con el negocio de la política.

La continuación por Peña Nieto de la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón, ha producido ya más de 14 mil muertes en los primeros nueve meses de su gobierno. En el último medio año se registraron 679 quejas ante la CNDH por violación a los derechos humanos por parte del Ejército; las agresiones contra periodistas aumentaron 20% y sólo en el primer trimestre de 2013, hubo 50 agresiones contra comunicadores.

Y si el Estado no tiene capacidad para mantener el orden público en el territorio, tampoco la tiene para impartir justicia, cuando por corrupción o torpeza los ministerios públicos y los jueces dejan ir a delincuentes como los genocidas de Acteal y a criminales como Caro Quintero, mientras que mantienen en la cárcel a inocentes como el maestro Alberto Patishtán.

En conclusión, si quisiéramos resumir en una frase el curso reciente del país, la situación actual y la tendencia que se impondrá si las fuerzas que resisten no lo impiden pronto, la fórmula obligada sería pérdida de soberanía, renuncia a la soberanía, cesión de soberanía, vaciamiento de la soberanía nacional y popular.

Y cuando el país avanza hacia el vaciamiento de la soberanía nacional en todos los ámbitos, no queda más que recuperar la soberanía del pueblo, la soberanía popular. No queda más que reivindicar el derecho de los mexicanos las mexicanas de a pie a construir juntos nuestro futuro. Y hacerlo resistiendo todos los días y en todas partes a las grandes y las pequeñas imposiciones; impulsando todos los días y en todas partes alternativas solidarias desde abajo y a contracorriente.

Aportar a la vía democrática y buscar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, este es el camino elegido por el Observatorio Social de México, que hoy se presenta ante los medios.

Por el Observatorio Social de México:

Armando Bartra, Etelberto Ortiz, Agustín Porras, Pedro Moctezuma, Juan Reyes Campillo, Víctor Suarez, Violeta R. Núñez Rodríguez, Patricia Couturier Bañuelos, Luciano Concheiro Bórquez, Francisco Nava, Jesús Ramírez Cuevas, Alejandro Álvarez Fernández, Ximena García Hidalgo, Mariela Sánchez-Belmont M, Carlos San Juan Victoria.

Mira el video de la conferencia de prensa:

Da click y escucha el audio de la conferencia de prensa

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Acerca de Cencos

http://cencos.org http://guiaqesq.cencos.org www.libertad-expresion.org.mx

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