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Exigen OSC se detenga de inmediato la ampliación de autopista La Pera-Cuautla y se establezca un diálogo público real con los afectados

Frenan-Obras-Tepoztlan-Foto-FPDTADifusión Cencos México D.F., Martes 30 de julio de 2013

Boletín de prensa
OSC de DH

  • Sobre los hechos sucedidos en la comunidad de Tepoztlán, Morelos, a propósito de la imposición del proyecto de ampliación de la autopista La Pera-Cuautla

En los últimos días, la comunidad de Tepoztlán ha sido privada de sus tierras de manera ilegal. A través de engaños, represión y abuso de la fuerza –por parte de las autoridades de seguridad pública municipal y estatal, así como de la policía federal-, las autoridades han permitido las acciones ilegales y arbitrarias de la empresa TRADECO, quien pretende imponer de manera salvaje y violando sus propios compromisos, el proyecto de ampliación de la autopista La Pera-Cuautla, atentando en contra de los derechos de la comunidad. Sin importar las peticiones de respeto a la población, las autoridades han sustituido el diálogo y la mediación por la violencia de las máquinas y granaderos, devastando los ecosistemas de la región y atentando gravemente en contra de la integridad del territorio tepozteco.

Por ello, SEÑALAMOS que:

  • TRADECO ha invadido territorio comunal generando daños irreparables para los ecosistemas y los servicios ambientales que los mismos brindan. La construcción de la ampliación provocará una destrucción ambiental con daños graves, que tendrán impactos locales y regionales de difícil reparación.
  • El despojo de TRADECO sobre la propiedad comunal es arbitrario y francamente ilegal, ya que no existe un fundamento jurídico que sostenga las actividades de la empresa pues no cuentan con ningún permiso o autorización ni convenio de ocupación.
  • Las autoridades y la empresa TRADECO han tratado de dividir a la comunidad de Tepoztlán con falsos argumentos de ofrecimiento de empleo en condiciones precarias y con expectativas engañosas sobre los beneficios públicos del turismo “resultado de la ampliación de la autopista”; al mismo tiempo ofrecen descuentos en la caseta de Tepoztlán, ocultando el cobro de peaje que pagarán los habitantes por transitar en su propio territorio.
  • Las autoridades crearon un supuesto “consejo ciudadano” para intentar legitimar el proyecto. Éste fue constituido en su mayoría por miembros del Ayuntamiento y personas que se han beneficiado por la construcción de la ampliación. El Consejo llevó a cabo una consulta amañada. Es “paradójico” que el domicilio donde sesionó el Consejo es el mismo en el que ahora se contrata a los trabajadores de TRADECO.
  • Los titulares de los contratos de construcción del proyecto son familiares del Presidente municipal; además de empresarios locales de materiales para la construcción y transporte que se han beneficiado con el proyecto y han operado como grupo de choque a favor de la obra.
  • La mina de Tezontle ha sido saqueada ilegalmente. Ésta se ubica en terrenos comunales de Tepoztlán y está en resguardo de los ejidatarios del municipio, sin embargo no existe acta de asamblea ni autorización alguna que avale la extracción de materiales para la construcción inmobiliaria en Oacalco.
  • Las autoridades han permitido y fomentado la criminalización de la protesta social; han difamado, perseguido y acosado a distintos miembros del movimiento de resistencia y defensa de Tepoztlán, utilizando la violencia de manera desproporcionada. También han realizado acoso e intimidación al tomar fotografías a las personas en resistencia y amenazarlas con utilizar sus datos personales para afectar sus derechos.
  •  Las autoridades han encapsulado el pueblo de Tepoztlán ubicando elementos de seguridad pública en las afueras y puntos estratégicos del mismo, para no permitir que la protesta salga del centro. Estas acciones se han hecho para favorecer a TRADECO y permitir que sus obras ilegales avancen rápidamente sin interrupción, participando de manera directa y dolosa en los actos ilegales.

DENUNCIAMOS ante la opinión pública nacional e internacional:

  • La violación permanente y continuada de la legislación agraria, ambiental y administrativa por parte de las autoridades municipales, locales y federales, quienes en una clara omisión de sus obligaciones han permitido la ilegalidad con que opera el capital privado de TRADECO.
  • Las gestiones opacas e irregulares de los procedimientos administrativos que han autorizado en materia ambiental para la construcción de la obra, sin importarles que la misma se encuentra dentro de un Área Federal Protegida, con categoría de Parque Nacional, violentando las disposiciones del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial, entre otras disposiciones. Como ejemplo constan las irregularidades en la asamblea ejidal donde supuestamente se aceptó el proyecto, así como la inexistencia de asamblea alguna o convenio que permita la ocupación de los terrenos comunales.1
  • Las interpretaciones jurídicas tendenciosas y equívocas de normas y resoluciones. Debe mencionarse como ejemplo el irrisorio fundamento que señala la Dirección General de Comunicaciones y Transportes, Centro Morelos en su oficio de fecha 22 de julio de 2013, para justificar la reanudación de la obra de la ampliación del tramo carretero La Pera-Tepoztlán.
  • La manipulación e incumplimiento de múltiples acuerdos, minutas de trabajo y compromisos que autoridades de los tres órdenes de gobierno han firmado con el movimiento de resistencia –siendo un amplio sector de la población de Tepoztlán- en torno al proyecto de ampliación de la autopista.
  • La actuación violenta de la empresa TRADECO, que ha desconocido los documentos legales que amparan la resistencia de la comunidad de Tepoztlán y violado el derecho de propiedad originaria indígena y los principios de sustento de un ambiente sano, así como los derechos ejidales y comunales –todo con la aquiescencia y cooperación de las autoridades-.
  • Las amenazas, persecución y hostigamiento por parte de funcionarios del gobierno local y federal en contra de los habitantes de Tepoztlán y dirigentes del movimiento, así como agresiones serias a su integridad física, su libertad y su dignidad.
  • El incumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de la comunidad y sus habitantes, en abierta violación al artículo 1o constitucional que vincula a todas las autoridades (municipales, locales y federales), lo anterior en perjuicio de las necesidades reales de la población y de las minorías que radican en Tepoztlán.
  •  La simulación o negación franca del diálogo público y real a través de procedimientos democráticos que garanticen el respeto de los derechos de la comunidad, de los afectados y opositores al proyecto, así como la falta de disposición auténtica por parte de las autoridades para encontrar vías alternativas que permitan resolver el conflicto de manera pacífica.

Finalmente

, EXIGIMOS que:

  • Se detengan de inmediato las obras en las tierras comunales y ejidales. Asimismo, que se retire inmediatamente y sin condiciones, toda la maquinaria y trabajadores dela empresa TRADECO del territorio de Tepoztlán.
  • Se retiren del territorio de Tepoztlán todas las fuerzas públicas estatales y federales y se investigue y sancione a los responsables de los actos de abuso policial sufridos los días 23 y 24 de julio de 2013 –donde se agredió a niños, mujeres y hombres-, realizados por policías estatales que actúan bajo el mando del gobernadorGraco Ramírez. Asimismo, se tomen todas las medidas necesarias tendientes a garantizar la seguridad, la libertad y la integridad de los ejidatarios, comuneros, ciudadanos y personas que participan en los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán, y se asegure la no repetición de los actos.
  • Se reintegre la totalidad del territorio devastado por la empresa TRADECO dada la ilegalidad del proyecto de ampliación de la autopista La Pera-Cuautla y se investigue y sancione a los responsables de la destrucción ambiental sufrida en el territorio de Tepoztlán.
  • Se detengan inmediatamente el hostigamiento, la criminalización y los actos de violencia dirigidos en contra de la comunidad. Asimismo, se garantice la presencia de observadores y organismos de derechos humanos en la asamblea que se celebrará este domingo  8 de julio de 2013, en la que consideramos se intentará legitimar el proyecto en torno a condiciones de intimidación, presión y violencia; así como en otros espacios de decisión y próximos eventos de trascendencia para los intereses de la comunidad.
  • Se establezca el diálogo público y real con los afectados y los opositores a la ampliación, mediante procedimientos democráticos que garanticen su participación y la atención prioritaria de las pospuestas alternativas de la comunidad para la solución pacífica del conflicto.

[1] El territorio de la construcción pasa a través de dos tipos de territorios: ejidal y comunal. Ambos requieren del otorgamiento de un convenio de ocupación o de la autorización en asamblea para la construcción del proyecto. En el territorio comunal donde se llevan a cabo los hechos relatados, nunca se autorizó de ninguna manera; en el territorio ejidal, se autorizó con una asamblea ilegal con el voto de 39 ejidatarios, de los 7020 que integran el padrón ejidal.

¡Por la defensa de la integridad del Territorio de Tepoztlán y la lucha de su comunidad en resistencia!

A la sociedad en general
A los pueblos en resistencia
A los medios de comunicación
A los gobiernos Federal y Local de Morelos

Colectivo de Abogados Solidarios (CAUSA); Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra; Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Región Malinche; Frente Juvenil Xochicuautla; Colectivo por la Autonomía (COA); Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA); Grain; Biodiversidad; Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.; Programa Mesoamérica del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ de la Universidad Iberoamericana Puebla; Movimiento de Liberación Nacional (MLN); Jóvenes Ante el Desastre y la Emergencia Nacional; Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP); Colectivo Autonomía en los Barrios del Pueblo de San Nicolás Totolapan, Magdalena Contreras; Coalición en Defensa de la Cuenca de la Independencia (CODECIN); UPREZ; Coordinadora de Pueblos en Defensa del Río Atoyac; Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyP); Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco; Colibrí: Publicación en Lenguas Originarias; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero; Comité Jurídico y de Derechos Humanos 132 (COJUDH132); Coordinadora Michoacana de Afectados Ambientales; Acción Migrante; Alianza de ExBraceros del Norte; Asamblea de Migrantes Indígenas del DF; Asamblea Popular de Familiares de Migrantes (APOFAM); Caravana de Madres Centroamericanas; Colectivo de Apoyo a Personas Migrantes (COAMI); Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI); Movimiento Migrante Mesoamericano; Posgrado para la Defensa y Promocion de los Derechos Humanos de la UACM; Prevencion, Capacitación y Defensa de Migrantes A.C. (PRECADEM); CDH México Profundo y Vivo; Secretaría del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento; Fuerza Mundial; Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES-México); Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; Consultoría Técnica Comunitaria A.C.; Colectivo Ratio; Dra. Sylvia Marcos; Jennifer Arias Reyes; Maíz Azul; El Trazo Méndez; Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular, A.C. (Casifop, A.C.); Coordinadora Michoacana de Afectados Ambientales.

Seguiremos recibiendo nuevas firmas de apoyo al correo oficial del Colectivo de Abogados

Solidarios (CAUSA): correo.causa@gmail.com

26 de julio de 2013

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Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

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