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El Proyecto de Código de Procedimientos Penales Único viola flagrantemente la Ley General de Víctimas

Santiago Corcuera, Julio Hernández Barros y José Luis Caballero en conferencia de prensa

Difusión Cencos México D.F., Jueves 20 de junio de 2013

Boletín de prensa
Julio Hernández Barros / Santiago Corcuera / José Luis Caballero

Rechazamos categóricamente cualquier intento de Código Procesal Penal Único que no tome como base del tratamiento a víctimas la Ley General de Víctimas, que no contenga como piso mínimo las garantías a los derechos otorgados por ésta y que no establezca la supletoriedad de la LGV.

Consulta el Proyecto de Decreto por el que se expide el Código Procesal Penal Único
Consulta el texto íntegro y vigente de la Ley General de Víctimas

ANTECEDENTES

El pasado 9 de febrero de 2013 entró en vigor la Ley General de Víctimas, instrumento moderno que reconoce una serie de derecho a las víctimas y les brinda garantías de que estos sean cumplidos y respetados. Esta  Ley que establece y coordina los mecanismos y componentes necesarios para explicar, promover, difundir, respetar, proteger y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, vinculando a todas las autoridades en el ámbito de sus distintas competencias para que cumplan con sus obligaciones en este trascendental tema.

Así, se garantiza que las víctimas no sólo de delito sino también de la violación de derechos humanos, sean respetadas en su esfera de derechos tanto reconocidos por la Constitución, como por la normatividad internacional en la materia.

La ley General de Víctimas establece los derechos de las víctimas que reclaman  ayuda, asistencia y atención, abarca también al derecho de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral y establece las medidas de ayuda inmediatas y humanitarias en el orden de la salud, alojamiento y alimentación, así como en materia funeraria y de transporte, determina las medidas de protección y asesoría jurídica y hace énfasis en las víctimas que tienen una especial condición de vulnerabilidad.

Con esto, el  estado garantiza el restablecimiento en el ejercicio pleno de los derechos de la víctima, y que promueve la superación de esa condición, a través de medidas de salud, educación, economía y desarrollo, además de las que traten de la procuración y administración de justicia.

El término de reparación integral a través de medidas individuales y colectivas se incorpora a la Ley como la vía a través de la cual la víctima encuentra satisfacción a sus requerimientos de justicia que permitan alcanzar una vida digna.

La Ley establece un sin número de derechos para las víctimas que tendrán que ser respetados por el Estado en sus tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal y sus tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial). Estos son los principales derechos de los que gozan ya sin necesidad de mayores requisitos:

  • A partir del 9 de febrero, y sin necesidad de que se emita siquiera el reglamento de la Ley, se Instaure el Sistema Nacional de Víctimas o se nombren a los Consejeros del Consejo Ejecutivo del Sistema Nacional de Víctimas, todas las víctimas, las del delito y  las de la violación de derechos humanos tendrán los siguientes derechos:
  • Derecho a ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los servidores públicos
  • Derecho a la protección del Estado, incluido su bienestar físico y psicológico y la seguridad de su entorno, con respeto a su dignidad y privacidad
  • Derecho a conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés como interviniente
  • Derecho a ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva, cuando se encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie;
  •  Derecho a recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad;
  •  Derecho a acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los derechos humanos;
  •  Derecho a una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño;
  •  A Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Así mismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o querellas;
  •  A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico.
  •  A tener derecho a la segunda instancia y a otros recursos ordinarios y extraordinarios en los mismos casos y condiciones que el procesado y en los demás que designen las leyes
  •  A que sean adoptadas medidas para minimizar las molestias causadas, proteger su intimidad, identidad y otros datos personales, en caso necesario;
  •  A que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de amenaza, intimidación y represalia;
  • A obtener copia simple gratuita y de inmediato, de las diligencias en la que intervengan
  • A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar dicha resolución;
  •  Las víctimas, sus familiares y la sociedad en general tienen el derecho de conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad y a conocer la verdad histórica de los hechos

PROBLEMÁTICA

Sin embargo una de los derechos que resultan especialmente trascendentes es el contenido en el artículo 13 de la Ley General de Víctimas que señala:

“Cuando el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, deje de presentarse ante la autoridad jurisdiccional competente que conozca de su caso los días que se hubieran señalado para tal efecto u omita comunicar a la autoridad jurisdiccional competente los cambios de domicilio que tuviere o se ausentase del lugar del juicio sin la autorización de la autoridad jurisdiccional competente, esta última ordenará, sin demora alguna, que entregue la suma que garantiza la reparación del daño a la víctima.”

Es decir que uno de los requisitos para gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución, es y ha sido tradicionalmente que se deposite en el juzgado ya sea en efectivo, hipoteca, fianza, etc. La cantidad correspondiente a la posible reparación del daño a que pudiera ser condenado el imputado.

Esta garantía de reparación del daño antes de la Ley General de Víctimas sólo era entregada al inculpado cuando existía sentencia ejecutoriada, por lo que si tomamos en cuenta que un 75% de los procesados libres bajo caución se sustraen de la acción de la justicia, la víctima sólo estaba en posibilidades de recibir  esta reparación en el 25% de los casos, siempre y cuando además la sentencia fuera condenatoria.

La Ley General de Víctimas vino a romper este perverso artilugio jurídico en donde el único que perdía era la víctima, estableciendo como sanción por el simple hecho de sustraerse de la acción de la justicia el pago de la reparación del daño, que habitualmente sólo engordaba el mal manejado fondo de justicia.

Pues bien, los proyectos de Código Procesal Penal Único que se encuentran actualmente siendo revisados en el Senado de la República, eliminan arbitrariamente y contrario a lo sostenido por documentos internacionales, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y desde luego por la Ley General de Víctimas el requisito de garantizar la reparación del daño para poder gozar de la libertad provisional, con lo que se deja en total indefensión a la víctima.

Por otro lado el proyecto de Código Procesal Penal Único no toma si quiera en cuenta las definiciones de víctima que hace la Ley General, al regresar a la antigua y ya muy superada división entre víctima y ofendido, que no respeta ni a la Ley General de Víctimas, ni a la mas moderna jurisprudencia de los tribunales internacionales de Derechos Humanos y que restringe el alcance de los derechos que reconocen estos instrumentos.

El Proyecto de Iniciativa de Código Procesal Penal Único, en ningún momento  plantea que la Ley General de Víctimas  debe de ser de aplicación supletoria, limita los derechos de las víctimas para intervenir en el juicio y desconoce muchos de los derechos consagrados en la Ley General de la materia.

En este sentido, aunque reconocemos la inmensa necesidad de su existencia y los beneficios que en la procuración e impartición de justicia traería tener una legislación unificada en toda la República,  rechazamos categóricamente cualquier intento  de Código Procesal Penal  Único que no tome como base del tratamiento a víctimas, la Ley General de Víctimas, que no contenga como piso mínimo las garantías a los derechos otorgados por ésta y que no establezca la supletoriedad de la Ley General de la Materia.

Un retrógrado Código de Procedimientos Único, basado en la falta de respeto de los derechos básico de las víctimas, no sólo no mejorará la procuración e impartición de justicia en México, sino que resulta inconstitucional y contrario a la más moderna Legislación en la materia constituida por la Ley General de Víctimas y los documentos internacionales, siendo además un insulto al dolor de miles de mexicanos y una falta de empatía por el sufrimiento de su pueblo, dando un paso atrás en esta fundamental materia y permitiendo –nuevamente- que las víctimas sean sujetos de segunda en el proceso penal.

Mira aquí el video de la conferencia de prensa:

Consulta el Proyecto de Decreto por el que se expide el Código Procesal Penal Único

Consulta el texto íntegro y vigente de la Ley General de Víctimas

Julio Hernández Barros es Catedrático de Derecho Penal del INACIPE, de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Panamericana, de la Universidad Emory en Atlanta y de la Universidad Nacional Autónoma de México; Especialista en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca España; maestro y doctor en Derecho por el Centro de Estudios en Posgrado en Derecho; Ganador de la Medalla al Mérito Universitario, miembro de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y coautor del libro “La Violencia Intrafamiliar en la Legislación Mexicana”, que publica la editorial Porrúa, Miembro del Comité Redactor de la Ley General de Víctimas.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Acerca de Cencos

http://cencos.org http://guiaqesq.cencos.org www.libertad-expresion.org.mx

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