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Políticas de retiro forzado de niños, niñas y adolescentes de las calles impiden el restablecimiento de la co hesión social

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Dilo Tú
Difusión Cencos México D.F., 27 de enero de 2011

Boletín de prensa
OSC de DH

Posicionamiento público respecto a ls operativos implementados por la procuraduría de la defensa del menor, la familia y el indígena de Xalapa Veracruz.

Con base en las problemáticas sociales actuales que afectan principalmente a la población más vulnerable, especialmente la niñez, es bien recibido el interés de las autoridades locales, por atender a niños y niñas altamente excluidos, combatiendo toda forma de explotación infantil, tal como lo establece el Artículo 32 de la Convención Sobre los Derechos del Niño (CDN) y la Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el estado de
Veracruz.

Desde Matraca, A.C., llevamos veinte años promoviendo y defendiendo los derechos de la infancia, en especial la infancia trabajadora y en situación de calle, estando en contra de todo tipo de explotación de la niñez. Por ello, hemos y habremos de pugnar y exigir por la protección de los diversos grupos de infancia, ante las violaciones a sus derechos castigándose a toda persona que atente contra la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Ahora bien, en torno al operativo del pasado 20 de enero del presente año, realizado por la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena del DIF-Municipal en conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el agrupamiento femenil de la Secretaría de Seguridad Pública en el primer cuadro de la ciudad de Xalapa, Veracruz nos pronunciamos externando lo siguiente:

  • Consideramos primordial la pronta realización de las investigaciones pertinentes, por parte de las autoridades correspondientes en torno al presunto caso de explotación laboral, fincándose las responsabilidades correspondientes.
  • Es primordial para nuestra sociedad que se informe de manera clara y oportuna sobre los resultados del operativo, para conocer la situación de niñas y niños trabajadores en torno al cuidado de sus derechos, protegiendo el derecho a la privacidad de la identidad de niñas y niños.
  • Es necesario resaltar que las autoridades de atención a la infancia deben realiz ar un trabajo diagnóstico de la situación de infancias trabajadoras, en situación de calle y sus familias, que permitan no tan sólo ubicar y detectar a este grupo social sino que además haga hincapié en el conocimiento profundo de dicha realidad tanto en lo económico como en lo cultural, en el marco del respeto y cumplimiento cabal de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
  • Con base en lo anterior y en base al establecimiento de estudios serios, permanentes y sistemáticos; se permitirá diferenciar las situaciones de explotación económica infantil y alejarse de la visión de criminalización de la infancia trabajadora y sus familias que desgraciadamente permea a ciertos sectores.

Nos parece oportuno recomendar que los procesos de atención a la infancia trabajadora y en situación de calle, deben estar basados en metodologías educativas, participativas y formativas bajo un enfoque de derechos, con personal altamente capacitado y sensible en la atención a este grupo de población; que tomen en cuenta la complejidad del fenómeno social de poblaciones callejeras, tendientes a la construcción de sus proyectos de vida.

Así, es importante recordar que algunos de los operativos desarrollados con anterioridad, en muchos de los casos violentaron los derechos de los niños y niñas; ya que, lejos de enfrentar con la profundidad necesaria los problemas a combatir, entre otros la pobreza y marginación de los niños y niñas que viven o trabajan en la calle; las propuestas generaron un círculo perverso al discriminar y criminalizar a las familias más vulnerables de nuestra sociedad.

Como ya hemos mencionado con anterioridad, más de cinco décadas de atención al fenómeno callejero en América Latina demuestran que las políticas de presunto encierro o de retiro forzado de niños, niñas y adolescentes de las calles sólo constituyen acciones inmediatistas que impiden un proceso de restablecimiento de la cohesión social. Los programas más exitosos a nivel internacional son aquellos que parten de la desincorporación gradual de la calle por ofrecer nuevas posibilidad de acceder voluntariamente a espacios alternativos como parte de un proceso de inclusión, interlocución y de formación para la infancia. Este enfoque de intervención fue incorporado en la actual Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz, que en su Artículo 94 establece:

“Los programas públicos instrumentados por el Gobierno del Estado o por la sociedad organizada, a través de instituciones de asistencia, dirigidos a beneficiar a quienes se encuentran en situación de calle, tendrán los objetivos

siguientes:

I.- Alejamiento voluntario, gradual y efectivo de la vida en calle…” El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha señalado enfáticamente que el Estado Mexicano y sus entidades, tendrían que promover programas de vinculación a la escuela y de desvinculación progresiva de la calle, así como programas contra la explotación laboral de niños y niñas. El Estado mexicano firmó y ratifico con carácter vinculatorio la CDN que desde el artículo 133 de la Constitución Mexicana obliga a todos los gobiernos a reconocerla como ley por encima de las normativas federales y estatales.

2 Los operativos implementados en otros tiempos en el Estado de Veracruz, no han cambiado las raíces económico-sociales del problema y han violado distintas disposiciones de la ley, específicamente los derechos a la supervivencia y al desarrollo (art. 6 de la CDN), a la no discriminación (art. 2), a la participación en los temas que les afectan (art. 12), el principio del interés superior del niño (art. 3), el derecho a una vida libre de violencia, y en el caso de niños y niñas que viven y/o trabajan en la calle con su familia, los operativos pueden generar además la violación de su derecho a la familia y a no ser separados de sus padres (art, 5, 9, 18). El Art. 23 de la Ley Federal para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dice textualmente:

“Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de sus padres o de los familiares con los que convivan, ni causa de la pérdida de la patria potestad”

Por tales motivos, y en virtud de las obligaciones del Estado Mexicano en materia de derechos humanos, manifestamos nuestro interés por que las acciones desarrolladas por las autoridades garanticen el cumplimiento de los derechos de niñas y niños, en base al principio del interés superior del niño.

Desde nuestra labor de defensa y promoción de los derechos de la infancia, en especial la infancia trabajadora y en situación de calle, nos mantendremos pendientes de las acciones que se realicen y daremos seguimiento a la situación de los infantes en cuestión.

Xalapa, Ver., a 24 de enero de 2012

A LA OPINIÓN PÚBLICA.

Atentamente

ORGANIZACIONES Y CIUDADANOS FIRMANTES

-Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)
-Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras
-Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle, (Matraca, A.C.)
-Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados (MAMA, A.C.)
-El Caracol A.C.
-Centro Marie Langer A.C.

Contacto: Insurgentes #58 Colonia Centro, Xalapa,Veracruz C.P.91000
Telefax +(52) 228 8 17 00 44 matraca

Información difundida por el Área de Comunicación y Visiblidad de Cencos

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