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Consulta pública de Cofetel debiera ser vinculante y atender recomendaciones

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Dilo Tú
Difusión Cencos México D.F., 25 de noviembre de 2011

Boletín de Prensa
AMEDI

El pasado 15 de noviembre la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) convocó a una consulta pública sobre la licitación de nuevos canales de televisión abierta. El mecanismo, el cual manifiesta tímidos signos de apertura y flexibilidad, se convierte en este caso en una falacia porque el organismo regulador de la radiodifusión, presidido por Mony de Swaan, tuvo el cuidado de precisar que los resultados de la tan anunciada consulta no tendrán carácter vinculante para la Cofetel, por lo cual las mil 130 solicitudes de personas interesadas en la misma no deberán esperar que sus opiniones y puntos de vista sean tomados en cuenta en última instancia por la institución convocante.

Desde su creación en 1996, pero particularmente en los años recientes, la Cofetel ha sufrido un proceso creciente y sostenido de descrédito público, no sólo por su real incapacidad para regular el sector sino por el cuestionamiento a no pocas decisiones y omisiones, además de que algunos de sus comisionados han sido nombrados sin cumplir con las credenciales suficientes.

La convocatoria a la consulta se inserta en un proceso de legitimación apremiante ante la opinión pública, no porque la institución tenga una auténtica vocación democrática sino porque eligió un tema –licitar nuevas cadenas de televisión abierta– cuya demora de años ya no encuentra justificación técnica, política y económica alguna.

Salvo el duopolio conformado por Televisa y TV Azteca, prácticamente existe un consenso respecto de la necesidad de abrir el mercado de la televisión comercial abierta en México, el cual exhibe altísimos niveles de concentración e impunidad en el acatamiento de la legislación en la materia, sin que hasta la fecha la autoridad se haya preocupado por acotar o remediar.

Esa concentración y falta de competencia fomentada desde lo más alto del poder político ha traído como consecuencia un enorme deterioro en la calidad de los contenidos audiovisuales, además de una influencia indebida porque el duopolio televisivo ha actuado en concierto para socavar no sólo las bases de legitimidad de algunas instituciones como el IFE, sino de la democracia misma, como ha documentado la Amedi en diversas ocasiones.

Queriendo parecer transparente, la Cofetel acompañó la convocatoria con un “Documento de referencia” y un cuestionario para ser resuelto por los interesados en el tema, pero sin un compromiso real y comprobable por tomar en cuenta las opiniones y advertencias durante el proceso de consulta. Más opaca que otra cosa, la Cofetel no dio a conocer los estudios originales que contrató sobre disponibilidad de espectro ni sobre la situación del mercado de la televisión abierta en México.

No sólo es cuestionable esta simulación, sino que además es fruto de la improvisación que ha caracterizado a la Cofetel en los últimos años, pues la consulta pública ocurre sin estar enmarcada en una política pública integral. Por ejemplo, el “Documento de referencia” menciona el caso de Argentina; sin embargo, en ese país se generó una reforma legislativa que, entre otras cosas, limitó la concentración de la propiedad mediática, distribuyó la tenencia del espectro radioeléctrico y autorizó la participación de los sectores sociales en el otorgamiento de licencias. Además, en Argentina las consultas públicas para reformar la ley sí fueron vinculantes y el proceso de transición a la televisión digital terrestre ya se halla muy adelantado, incluso con un esquema de subsidios de decodificadores similar al que se busca implementar en México.

Por lo tanto, la política de televisión digital terrestre y la licitación de más canales de televisión tendrían que venir acompañadas de una reforma integral al marco jurídico de la radiodifusión y las telecomunicaciones en un ambiente convergente, así como de una reingeniería del órgano regulador, tal y como está ocurriendo en diversos países del mundo.

Es de llamar la atención que la propia Cofetel no haya considerado la opción de una cadena nacional de televisión pública y que a este sector de la radiodifusión sólo le dedicara tres párrafos en el “Documento de referencia”. Fortalecer un modelo de televisión pública constituiría un auténtico contrapeso a la actual oferta de comunicación y contenidos regidos bajo criterios comerciales y no de fomento a la cultura, la diversidad y la pluralidad. La Amedi se pronuncia a favor de una cadena nacional de televisión pública bajo principios de independencia editorial, autonomía de gestión, titularidad de las licencias, financiamiento público y sustentabilidad, transparencia y mecanismos de rendición de cuentas e interlocución con las audiencias.

El “Documento de referencia” resulta engañoso en más de un sentido. Se ufana de la experiencia internacional y pone como ejemplo la proliferación de nuevos canales y actores en España, Francia y Reino Unido, para vender las bondades de la multiprogramación en nuestro país; sin embargo, no menciona que en el continente europeo se seleccionó el estándar de televisión digital DVB-T2 (Digital Video Broadcasting), cuya principal característica es el fomento de la diversidad. Este estándar también fue adoptado en países de América Latina como Uruguay, Colombia y Panamá, tras una amplia discusión sobre la pertinencia del protocolo.

En México, sin deliberación ni consulta pública, se optó por el estándar A/53 de ATSC que privilegia la calidad de imagen sobre la diversidad de opciones televisivas, por lo que el documento de la Cofetel sólo busca confundir. Además, en Europa se otorgaron los canales digitales a nuevos operadores para propiciar la diversidad de contenidos, mientras que en México la Cofetel –sin reglamentación ni discusión alguna, como ahora se ufana– ha pretendido que con un simple procedimiento de “toma de nota” la multiprogramación beneficie en primer lugar a los actuales consorcios que concentran 95 por ciento de las concesiones de televisión y de audiencia, así como 57.8 por ciento (2010) del total de la inversión publicitaria, según reconoce la propia Cofetel, multiplicando hasta por seis, si fuera el caso, las señales que podrían radiodifundir Televisa y TV Azteca en cada uno de los canales que ya operan.

La verdadera diversidad en radiodifusión y el mejor aprovechamiento de la televisión digital y el espectro radioeléctrico va a ocurrir cuando otras empresas, instituciones y organizaciones operen señales y participen de la multiprogramación en las mismas bandas de frecuencias que actualmente explotan los concesionarios de la televisión analógica. Este modelo se adoptó en Europa –que tanto menciona la Cofetel–, donde se decidió rescatar fragmentos del espectro de las televisoras para nuevas opciones y se está destinando el resto del “dividendo digital” para servicios de banda ancha de alta velocidad.

El carácter no vinculante de la consulta pública de la Cofetel convierte a ese mecanismo en inoperante, pues muchas de las recomendaciones que pudieran verterse no estarían en el ámbito de atribuciones de la Cofetel, por ejemplo, porcentajes de inversión extranjera para nuevos entrantes.

Además, la radiodifusión también es regulada por las secretarías de Gobernación en materia de contenidos, Salud en publicidad, así como el Instituto Federal Electoral y la Comisión Federal de Competencia, por lo que en estricto sentido todas las dependencias involucradas en la regulación de esas actividades debieron ser las convocantes.

Para no incomodar a los concesionarios de la televisión, la Cofetel ha pospuesto la entrada de nuevos competidores a la televisión abierta, a pesar de que antes del año 2000 ya existía un mercado maduro de publicidad que se comprueba por las ganancias que han recibido las televisoras en ese negocio. Lo anterior sin mencionar la violación sistemática a los límites de transmisión de publicidad, no sólo en los tiempos destinados a la misma sino también en la llamada publicidad integrada, que cada vez invade más los contenidos de la televisión.

Por todas estas razones, la Amedi considera que:

1) la consulta pública debiera ser vinculante con la necesidad de un sistema de medios de comunicación democrático y no concentrado;

2) debiera estar acompañada de una reforma integral al actual régimen legal de las comunicaciones;

3) el sector requiere el fortalecimiento institucional del organismo regulador;

4) la transición a la TDT demanda una política pública integral con la participación de todos los actores involucrados;

5) debe promoverse una cadena nacional de televisión pública;

6) deben imponerse límites a la concentración de la propiedad mediática y el acaparamiento de frecuencias;

7) conviene reunir a todas las dependencias encargadas de regular la radiodifusión;

8) es indispensable invitar a especialistas, consumidores y organizaciones de la sociedad civil para debatir sobre los resultados de la consulta pública y la política de televisión digital;

9) deben incorporarse cuotas de pantalla, porcentajes de producción nacional independiente y fondos para el fomento de contenidos, y

10) la licitación de nuevos canales de televisión exige contraprestaciones o compromisos medibles para la digitalización del país.

México, D.F., 25 de noviembre de 2011

Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) A. C.

Lic. Aleida Calleja
Presidenta

Dr. Alberto Aziz Nassif
Coordinador del Consejo Consultivo

Comité Directivo

Alma Rosa Alva de la Selva, Comité de Investigación; Jorge Enrique Bravo Torres Coto, Comité Editorial; Daniel Contreras Henry, Comité de Enlace Institucional; Daniel Giménez Cacho; Comité de Vinculación Social; Mónica Lozano, Comité de Finanzas; Miguel Pulido, Comité Jurídico; Laura Salas, Comité de Difusión; Beatriz Solís, Comité de Relaciones Internacionales; Gabriel Sosa Plata, Comité Académico; Aimée Vega Montiel, Directora.

Comité Directivo

Sergio Octavio Contreras Padilla, presidente del Capítulo Zacatecas; Rafael Gustavo Hernández García Cano, presidente del Capítulo Puebla; Vicente Hernández Delgado, presidente del Capítulo Sinaloa; Juan Sebastián Larrosa, presidente del Capítulo Jalisco; Magdalena López Rocha, presidenta del Capítulo Oaxaca; José Luis Muñoz Pérez, presidente del Capítulo Chihuahua.

Contacto:

Asociación Mexicana de Derecho a la Información A. C. Insurgentes Sur 222 Desp. 205, Col. Roma, Del. Cuauhtémoc, México, D.F. | Tel: (52 55) 52 07 80 50 | amedi.nacional http://www.amedi.org.mx

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Acerca de Cencos

http://cencos.org http://guiaqesq.cencos.org www.libertad-expresion.org.mx

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